Díaz Manzanera advierte de que este tipo de delitos pueden ser perseguidos penalmente aunque no haya lesiones
28.04.10 - 01:07 -
Estrés, insomnio, cardiopatías, bajo rendimiento en los estudios de los jóvenes o ansiedad y poca productividad en el trabajo de los adultos son algunas de las patologías que la contaminación acústica provoca. Se podría añadir a la lista inapetencia sexual, hipertensión o sordera, por no hablar de las secuelas psíquicas: en algunos casos los tratamientos son de por vida.
La Fiscalía persigue desde 1996 los delitos relacionados con el ruido ambiental, pero la inoperancia de ayuntamientos y Comunidad Autónoma y la escasa actuación policial ante este tipo de infracciones provocan que la acción judicial no sea del todo efectiva.
Locales, bares de copas, discotecas, obras o aeropuertos son los lugares donde los decibelios retumban con fuerza, y no todos cumplen con la normativa vigente en aislamiento de ruidos. El consumo de alcohol en la calle también es foco de quejas por parte de los ciudadanos, y denuncian que los dueños de los locales no hacen nada para evitarlo y respetar así su descanso.
Por si fuera poco, José Luis Díaz Manzanera, fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ), denuncia que «las conductas prevaricadoras o por omisión de funcionarios públicos ante este tipo de delitos van en aumento».
El fiscal participó el lunes en una mesa redonda sobre ruido ambiental junto a Adolfo López, de la Asociación Española de Juristas contra el ruido; Abel Sáez, presidente de la Sala Contencioso Administrativa del TSJ; y José Pablo Ruiz Abellán, Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. La charla se celebró en el edificio Moneo de Murcia con motivo del Día Internacional contra el Ruido.
Díaz Manzanera advirtió que en la Fiscalía tienen muy presente las consecuencias del exceso de ruido en la salud, por lo que es importante actuar en el momento en que hay peligro, antes de que el daño aparezca: «No tiene que haber trastornos o lesiones para ser perseguido penalmente». Según el fiscal, «el ruido es uno de los principales problemas de la sociedad actual, y España carece de una buena educación ambiental. La contaminación acústica provoca secuelas graves y he tenido casos que superaban los 100 decibelios en viviendas donde vibraban las ventanas y el agua de los inodoros».
La protección ante el ruido está recogida en la Constitución, pero decretos regionales y ordenanzas municipales ponen, en ocasiones, trabas a la Carta Magna. «Los ayuntamientos, en muchos casos, no sancionan adecuadamente y se limitan a tomar medidas cautelares. También conceden licencias sin estudiar a fondo cada caso», aclara Abel Sáez.
La ley estatal limita los decibelios a 25 en horario nocturno (23.00 a 7.00) para los dormitorios y a 30 para el resto de la casa; 35 para los despachos profesionales, aulas y salas de lectura, y 40 para las oficinas. En horario diurno estas cifras suelen aumentar en diez decibelios.
Adela Martínez-Cachá, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia, aclara que «no hay desidia por parte del Consistorio y nos atenemos a las ordenanzas, pero el límite de 25 decibelios es muy exigente».
El Decreto sobre protección del medio ambiente frente al ruido recogido en el Boletín Oficial de la Región de Murcia establece que «un 50% de la población murciana está expuesta a niveles de ruido ambiental superiores a los recomendados; y un 90% de los puntos de medida en hospitales y centros docentes exceden los límites». Por otro lado, la fuente sonora más importante y extendida de la Región es el tráfico rodado.
España -46 millones de habitantes- es el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón -130 millones-, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Diez millones de españoles están expuestos a niveles superiores al límite establecido por la OMS: 65 decibelios.
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