La gamberrada que más cara le sale al Consistorio son las micciones en la calle: paga 84.100 euros al año para acabar con el hedor y las manchas
09.03.10 - 00:10 -
¿Cuánto dinero del que pagan los ciudadanos de Cáceres cada año en su declaración de la renta se gasta en devolver a su estado original lo que destroza el vandalismo? La cifra sorprenderá a más de uno: 467.064 euros.
Es lo que tuvo que desembolsar el Ayuntamiento en el año 2008 (el recuento de 2009 está en curso) para restituir el orden de lo que se llevan por delante los gamberros. La cifra, aportada por la Concejalía de Infraestructuras, no es una estimación, sino el montante final de una factura detallada. Y en ese recibo, la cantidad más alta es la que se dedica a pagar las fumigaciones que son necesarias para eliminar las manchas y el hedor vomitivo que los orines acumulados dejan en paredes y suelos. Sólo este concepto le cuesta al gobierno local 84.100 euros, la partida más gravosa de todas, por delante del alumbrado público -farolas rotas, principalmente-, que aparece en el segundo lugar de esta clasificación, con 79.510 euros.
«Lo que el vandalimo le cuesta al Ayuntamiento es una barbaridad», lamenta Miguel López. El concejal pone voz a una reflexión que seguro, firmarían un buen número de ciudadanos, algunos de ellos víctimas directas o colaterales del afán que demuestran algunos jóvenes por hacer bien visible su cortedad de educación.
Lo sufren en primera persona, por ejemplo, quienes residen en alguna de las zonas preferidas por los vándalos, que coinciden con el centro urbano. Entre ellas, la plaza de la Concepción -que le pregunten a la estatua de El Redoble, que ha amanecido varios sábados sin uno de sus dos integrantes-, las cales Pintores, Moret y Paneras o el parque de Calvo Sotelo, de donde hubo que quitar unos paneles informativos situados al pie de algunos árboles. Esa zona es conocida en el argot policial cacereño como 'la ruta del elefante', porque es rara la mañana en que ese trayecto, que comunica la Plaza Mayor con La Madrila, dos de los lugares de referencia en el ocio nocturno de la capital, amanece sin algún destrozo.
Precisamente las calles Pintores, Moret y Paneras están en el punto de mira de Aeca (Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres), que lleva tiempo intentando que la autoridad les permita instalar cámaras de videovigilancia en las tres vías. Hace tres años lo solicitaron sin éxito, y desde hace uno están recopilando denuncias de sus asociados para presentar una solicitud formal más argumentada. La decisión depende en gran medida de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia, que tiene al frente al presidente del TSJEx (Tribunal Superior de Justicia de Extremadura), y entre sus miembros, al fiscal del TSJEx, técnicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un representante de la Delegación del Gobierno y responsables en materia de Seguridad Ciudadana. En los últimos años, ese organismo ha atendido cuatro solicitudes (la de los empresarios cacereños, Llerena, Olivenza y Casas de Don Pedro), y todas las denegó. El argumento principal suele ser que estos dispositivos puede conculcar el derecho a la intimidad, el honor o la libre circulación.
Visto que el vandalismo no cesa y sigue afectando a los negocios, principalmente los del centro de la ciudad, AECA ya tiene recopiladas en torno a una treintena de denuncias, y desde el colectivo se hace una llamada a los dueños de tiendas para que denuncien los daños a sus comercios. «A veces no se hace por falta de tiempo o porque se cree que no servirá para nada, pero es importante para intentar que pongan las cámaras», reflexiona María Ángeles Costa, gerente de la asociación.
Para intentar hacer frente a este problema, el Ayuntamiento puso en marcha hace un año su 'plan antivandalismo', que incluía más vigilancia policial para intentar identificar a los autores. El programa arrancó en abril, y hasta julio habían sido detenidos cuatro menores. La cifra total transcurrido un año desde la puesta en marcha del plan la dará a conocer el concejal de Seguridad Ciudadana en los próximos días, aunque Carlos Jurado advierte de que «no es sólo una cuestión de perseguir al que lo hace, sino más bien una labor educativa, pues la mayoría son menores de edad». Conforme a este punto de partida, el Consistorio está preparando una serie de actuaciones encaminadas a concienciar a los jóvenes de lo irracional de atentar contra el mobiliario urbano.
Fiscal de menores
Precisamente porque no superan los 18 años, la primera medida que se toma sobre quienes son descubiertos cometiendo algún acto vandálico es poner el asunto en manos del fiscal de menores. En función de la cuantía de los daños que haya ocasionado, su acción será tipificada como una falta o como un delito, sus padres o tutores legales tendrán que hacer frente a la indemnización económica para resarcir al perjudicado, y el juez decidirá después el castigo para el autor. El objetivo último es que el menor adquiera conciencia de sus actos, y que la capital vea reducido en lo posible estos daños. «De todas formas -termina Carlos Jurado-, este un problema que se da en Cáceres, en todas las ciudades e incluso en los pueblos».
1 comentario:
Sr. Jurado el refranero es muy sabio: "mal de muchos, consuelo de tontos"
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